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25/06/2018

Reduciendo impuestos con responsabilidad

Guillermo Castello y una nota de opinion sobre los impuestos
Mientras entre el año 2002 y el año 2015 los bienes y servicios se incrementaron diez, quince o veinte veces, las tarifas por los servicios públicos se mantuvieron prácticamente congeladas. Dicho de otro modo, los argentinos pagaban por esos servicios un valor muy inferior al real.

La diferencia entre lo que se pagaba y lo que correspondía pagar la cubría el Estado mediante subsidios indiscriminados. Esos subsidios crecían a la par de la inflación, por lo que resultaba necesario aumentar los recursos y la presión impositiva y una mayor emisión monetaria, en lo que constituía un círculo vicioso perverso e interminable.

Aquella política del gobierno anterior, además de ser un terreno sumamente fértil para la corrupción y la promiscuidad entre gobernantes y empresarios, fue de una irresponsabilidad económica mayúscula porque incrementó sustancialmente el gasto público y de ese modo el déficit fiscal. Déficit que, cabe decir, es la madre de casi todos los males económicos y la razón excluyente del endeudamiento actual, que con tanto cinismo o ignorancia critican los mismos que lo generaron.

La pasada administración prefirió ignorar el descomunal problema que significaba gastar más de lo que se recaudaba y así engañó a la ciudadanía haciéndole creer que los servicios valían menos de lo que costaban a la vez que solventaba futbol “gratis”, empresas públicas ineficientes y deficitarias, militancia, obras públicas inexistentes, entre otras lindezas demagógicas. Este gobierno, en cambio, decidió enfrentar el tema en toda su dimensión: decirle la verdad a la sociedad y afrontar el costo político de hacerlo.

En los hechos eso significó incrementar sustantivamente el valor de las tarifas que se decidió implementar de la manera más gradual posible dentro de la imperiosa necesidad de normalizar la economía para evitar una crisis de proporciones. Por eso se instrumentó una amplísima cobertura a través de la tarifa social, lo que además de marcar una clara política de contención social implica un redireccionamiento de los subsidios de las empresas a los abonados.

Desde la Provincia de Buenos Aires resolvimos acompañar el esfuerzo que el reacomodamiento de tarifas significaba eliminando los impuestos sobre las facturas por consumo de energía eléctrica, gas y agua, los que terminaban encareciendo indirectamente el costo final de dichos servicios públicos y también, debe decirse, constituían un injustificado incremento tributario.

Es así que este año la gobernadora María Eugenia Vidal dictó el Decreto 351/18 por el cual se redujo a cero por ciento la tasa de dos tributos que gravaban la energía eléctrica y de uno que se aplicaba sobre el valor facturado por la venta de gas natural y/o licuado.

El primero de esos tributos se aplicaba sobre el valor de la factura eléctrica y fue creado por el decreto ley 7290, dictado en 1967, para financiar el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”. La alícuota de dicho impuesto era del diez por ciento para los consumos de electricidad para usuarios residenciales y se bajó a un cero por ciento.

También se rebajó a un cero por ciento otro impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, que fue creado por el decreto ley 9038 de 1978 para financiar las inversiones que iban a demandar la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava (Partido de Balcarce) y una central eléctrica en la zona de Bahía Blanca. Increíblemente, la primera de esas obras jamás se realizó y la segunda se concluyó en el año 1988, pese a lo cual el impuesto se siguió cobrando hasta el dictado del mencionado decreto de la gobernadora.

Finalmente también se estableció en un cero por ciento el impuesto sobre la venta de gas creado por la ley 8474, que creó el “Fondo Especial para Obras de Gas”. Hasta ahora la alícuota era del nueve por ciento.

Al mismo tiempo, y ya desde la legislatura provincial, hemos reducido drásticamente recargos que se cobraban desde 1997, cuando se transfirió a los consumidores el pago de los impuestos provinciales y los tributos municipales que debían abonar las empresas distribuidoras.

Concretamente, el artículo 74 de Ley 11769 establecía un impuesto sobre las ventas a usuarios o consumidores finales que debía trasladarse a la factura del abonado y que hasta ahora era del seis por ciento. Desde la aprobación de la reciente ley 15026 ese porcentaje es del uno por diez mil, o sea, seiscientas veces menor.

Los gobiernos nacional y provincial han enfrentado el colosal desequilibrio en las cuentas públicas con sinceridad, profesionalismo, coraje y sin demagogia.

Al mismo tiempo, y ante la crisis que nos dejó la gestión anterior, vimos la oportunidad de dar respuesta a un viejo reclamo de los ciudadanos rebajando los tributos accesorios a las tarifas, acercándonos a una factura que sólo refleje los consumos de los usuarios, “limpia” de todo gravamen.

Desde nuestra banca hemos impulsado proyectos de ley para eliminar tributos provinciales (del impuesto a las sucesiones y donaciones, de sellos a las tarjetas de créditos e inmobiliario complementario) y también de rebaja a una presión fiscal que aún es asfixiante. Por lo que, toda medida dirigida a reducir impuestos contará con nuestro apoyo, aunque somos conscientes que ello requiere que equilibremos los ingresos y egresos públicos y, en definitiva, que rediscutamos conceptualmente el rol del Estado, decidiendo no sólo cuáles son las funciones que debe cumplir sino también, con la misma seriedad y convicción, cuáles no debería cumplir.

Nota gentileza Andrea Baruffaldi

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